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El abogado Omar Estacio
interviniente en el foro "Ciudad Lebrún ¿Ubicación adecuada para los
tribunales?" |
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Intervención del Abogado Omar
Estacio. La persona de barba blanca y chaleco marrón que figura
entre los asistentes es el arquitecto Jorge Castillo, proyectista de
la Ciudad Judicial Lebrún. |
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Exposición del abogado Omar
Estacio. La persona de barba blanca y chaleco marrón que figura
entre los asistentes es el arquitecto Jorge Castillo, proyectista de
Ciudad Judicial Lebrún. |
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Arq. Marco Negrón,
arq. Augusto Gómez, abogada Yvett Lugo, sindicalista María
Hermida y abogado Omar Estacio, panelistas del mencionado foro. |
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El ocho de
agosto de 2005, escribimos en este mismo espacio una de las primeras
denuncias públicas
-
quizá la primera- contra el supuesto proyecto de mudar
los tribunales de Caracas a la urbanización “Lebrún”. Lo de “supuesto”, no
es una ironía. En el caso de los tribunales en Lebrún, se disparó primero y
se averiguó después, porque en lugar de tomar una decisión precedida por un
estudio serio, técnico y bien documentado, se resolvió tal mudanza, y al
final, cuando la comunidad, en particular el gremio de abogados,
levantó su voz de protesta, se acudió al recurso de esgrimir las opiniones
acomodaticias de unos profesionales que no eran otra cosa que contratistas
de la obra y por consiguiente, más interesados en el cobro de sus
valuaciones, que en la preservación de los intereses colectivos.
El
centralismo es una práctica que devora el anhelo de bienestar social. El
Poder nacional, se hipertrofia y toma decisiones a kilómetros de los
afectados por lo que casi siempre decide mal, con retraso y lo más grave:
sin posibilidades de garantizar el seguimiento de lo decidido. Sin embargo y
por paradójico que parezca, los caraqueños somos los más afectados por la
mencionada hipertrofia, porque es en nuestra capital, donde las autoridades
centrales pesan más y avasallan más, al extremo que las instituciones
locales en lugar de anteponer sus obligaciones con las comunidades,
prefieren ganarse la simpatía de los mandamases nacionales a través de la
obediencia perruna.
El caso Lebrún, es un excelente ejemplo. Bastó que la Dirección Ejecutiva de
la Magistratura, DEM, adscrita al Tribunal Supremo resolviese la mencionada
mudanza, para que las autoridades municipales hiciesen dejación de sus
funciones elementales. En Lebrún, no hubo consulta a las comunidades por el
cambio de uso que significaba el proyecto y la respectiva Dirección de
Ingeniería municipal hizo mutis ante la inexistencia del estudio de
impacto urbano, que habría revelado algunas de las muchas fallas de lo que
se llamó de manera inmerecida y pomposa “Ciudad Judicial”.
Total,
ocurrió lo que tenía que ocurrir. Una verdadera comedia
- por no decir
tragedia- de enredos. A un documento inicial, de compra del edificio “A” de
“Ciudad Lebrún”, por 45 millardos, siguió una supuesta aclaratoria, que lo
que hizo fue lanzar más dudas, porque según la nueva escritura ya no eran 45
millardos por la edificación, sino 15 y el remanente, es decir 30 millardos,
imputables a equipos. Era que había que acallar las críticas por adquirir
un edificio a razón de once millones de bolívares el metro cuadrado, cuando
en la misma zona, por instalaciones similares, existían ofertas doce veces
más baratas. Pero además, la adjudicación de equipamiento por 30 millardos,
así, a dedo, quebrantaba la Ley de Licitaciones, por lo que ante la nueva
oleada de cuestionamientos, se terminó por revocarla, sin que se sepa si los
30 millardos, han sido reembolsados o se perdieron en algún recoveco de las
presupuestarias cuentas por cobrar.
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