|
Los
norteamericanos la llaman activismo judicial. Pero según Tocqueville,
“No existe cuestión política en Estados Unidos que tarde o temprano no sea
resuelta en el ámbito judicial".
La
intervención de los tribunales en los asuntos que se relacionan con la cosa
pública, ciertamente, convierte a la justicia en un lugar de exigibilidad
democrática. En tal caso, al menos en teoría, se ofrece a todo querellante
la posibilidad de interpelar a sus gobernantes, de exigirles la palabra
empeñada, de emplazarlos a una rendición de cuentas, muchas veces imposible
por los caminos convencionales. La querella judicial de esta forma, se
percibe como una posibilidad más cercana, más individual, más directa, que
el llamado voto-castigo, que la representación política clásica, de segundo
o de tercer grado, ejercida a través de parlamentarios, dirigentes de
partidos o por organizaciones no gubernamentales
Pero a ésta “juridificación o judialización política”, cabe hacerle algunos
cuestionamientos. Aparte de sus elevados costos individuales, acaba por
imponer una visión punitiva de toda relación social descifrada desde una
perspectiva binaria y reductora y por lo mismo conflictiva. A saber
víctima/agresor, culpable/inocente, bueno/malvado en la que se descartan de
antemano, los mecanismos de diálogo, persuasión, de armonización de
propuestas dispares, de consensos y de negociaciones necesarias para una
convivencia pacífica, pero sobre todo, para un despacho, pronto y menos
traumático de las urgencias que asfixian la actividad burocrática.
¿A qué se debe, en todo caso, que en determinadas circunstancias el
epicentro de resolución de controversias políticas se desplace del
Parlamento, del Poder Ejecutivo, de las mesas para sufragar, para ubicarlas
en el plano tribunalicio?
Calamandrei entendía el proceso como la manifestación de un conflicto
individual, que amenazaba la cohesión del vínculo social.
Pensadores como Bouretz, no obstante, miran la sociedad democrática apoyada
en una renuncia a la unidad, en una sorda legitimación del enfrentamiento de
sus miembros, en un abandono tácito de la esperanza de unanimidad.
Nada, pues, más natural que ante la amenaza de reabsorción de la disidencia
o de peligro de su mutilación. De inoperancia de los mecanismos democráticos
tradicionales de negociación, diálogo y de soluciones de consenso, los
factores amenazados acudan al mecanismo tribunalicio. Si de lo que se trata
es de reafirmar la percepción de individualidad, de pertenencia, de hacer
énfasis en la división, de insistir en el cuestionamiento democrático y
libertario del sentido de unidad social, incompatible dentro de una sociedad
plural, nada mejor que un buen pleito judicial, o muchos, donde al menos
quede constancia vehemente, de esa relación binaria, antagónica y
ratificadora de la identidad de cada persona o grupo de éstas. Sin embargo
cuando es el propio gobierno el que acude a los tribunales, apoyado en el
control que ejerce sobre estos últimos para reducir a sus adversarios a la
condición de condenados o prisioneros, no hace otra cosa que yugular la
democrática y deslizarse por el despeñadero autoritario.
Un debate muy intenso sobre la falta de representatividad de nuestra
magistratura se agita en la actualidad en Venezuela. Es un hecho que los
titulares del alto gobierno judicial y del Ministerio Público, fueron
electos con apego a las normas, pero en medio de un nulo pluralismo de la
instancia parlamentaria que los designó.
Dominique Turpin recuerda que lo característico de un verdadero
representante no es tanto los mecanismos para su designación, sino por su
desempeño con apego a los valores democráticos para los cuales ha sido
designado.
Un "ruido de togas" creíble, confiable, acorde con los tiempos de crisis,
sepultaría de una vez por todas, el "ruido de sables" que todavía merodea
entre nosotros, como un vergonzoso espíritu burlón.
Son éstos, los emplazamientos que se le formulan a nuestro sistema de
judicial. No atenderlos, abstenerse de asumirlos de manera honesta,
eficiente, pero sobre todo leal, sería traicionar la más elemental confianza
depositada en sus titulares.
|
