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El artículo
73 de la Ley Contra la Corrupción, tipifica lo que se denomina delito de
enriquecimiento ilícito. La Convención Interamericana Contra la Corrupción,
en su artículo 10 establece disposición en similar sentido. Los funcionarios
públicos se encuentran en el deber de demostrar el origen legítimo de sus
incrementos patrimoniales. En particular, cuando son significativos, por no
calificarlos de impúdicos.
Pese a que
nadie de buena fe, discute la necesidad de transparencia en el manejo de los
dineros públicos, hay quienes han cuestionado la constitucionalidad de los
citados preceptos. Uno de los logros del derecho humanitario contemporáneo
es que todos seamos considerados inocentes hasta que se nos demuestre lo
contrario, pero he aquí, que en el enjuiciamiento de los presuntos
enriquecidos de manera ilícita, son estos últimos quienes tienen la carga de
demostrar su inocencia. Sed dura sed lex.
Con motivo de
las actuaciones públicas del señor Jorge Rodríguez, dos importantes
dirigentes de la oposición democrática me consultaron, en mi condición de
abogado en ejercicio, sobre la posibilidad de pedir una investigación por el
mencionado delito. Rodríguez, fue designado rector del Consejo Nacional
Electoral a mediados del año 2003, posteriormente llenó plaza como
presidente del mismo organismo, además de haber desempeñado al salir del
ente electoral, la Vicepresidencia de la República y en fecha más reciente
la alcaldía del Municipio Libertador.
Pero el señor
Rodríguez ha aumentado de manera ostensible sus signos exteriores de
riqueza. El Tribunal Supremo de Justicia ha sentado la jurisprudencia del
hecho notorio comunicacional y según numerosas publicaciones de prensa
–jamás desmentidas por el hoy funcionario municipal- a partir de su ingreso
a la administración pública adquirió o se hizo poseedor de un apartamento
ubicado en uno de los vecindarios más lujosos de Venezuela, que podría tener
un valor de siete millones de bolívares. Además, también es público y
notorio que Rodríguez sufrió un accidente de tránsito al volante de un
“Audi” que es uno de los coches más costosos del mercado. Por si fuese poco,
con motivo del llamado escándalo de “La Maleta” el abogado Maionca,
contratista público de uno de los entes presididos por Rodríguez, confesó
vínculos personales con este último, que por lo menos prevalecieron a la
hora de suculentos contratos públicos otorgados sin licitación.
Días atrás,
en específico el viernes pasado, Rodríguez, blandiendo unos supuestos
correos electrónicos cruzados entre el articulista y quienes habían
solicitado los servicios de mi Escritorio Jurídico, denunció un pretendido
complot contra su familia.
Sin embargo,
la verdad concreta y espesa es que en mis actuaciones profesionales,
verbales, escritas o remitidas en correo electrónico, jamás fueron
señalados, ni siquiera de soslayo familiares del señor Rodríguez. Además de
poco leal con quien miro como adversario ideológico o político, habría sido
totalmente inoficioso porque en Venezuela como en todas partes del mundo, la
responsabilidad penal es personalísima. “El hombre es hijo de sus obras”
ponderaba El Quijote y tan injusto es trasladar a los hijos culpas de sus
progenitores como que, por los méritos de estos últimos, sus descendientes
reciban gabelas.
El señor
Rodríguez, por establecerlo la ley, tiene la carga demostrar la licitud de
la riqueza que exhibe. La ley es la ley. Amenazarme de muerte a mí y a
miembros de mi familia, como lo ha hecho el señor Rodríguez a través de
llamadas supuestamente anónimas a mi residencia, el domingo pasado, no
cambiará la nuez de tal asunto.
Estoy
consciente que los recursos que maneja el señor Rodríguez, logísticos,
políticos y como jefe de organismos policiales y parapoliciales, son
ostensiblemente mayores que los míos. Pero en lugar de amenazarme a mí y a
mi familia, debería utilizarlos para demostrar ante la justicia, que no se
enriqueció como funcionario público. Es que ya lo dijo el jefe del señor
Rodríguez, el pasado Día de las Madres: un rico no es un humano, es una
bestia con forma humana.
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