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El mencionado
Colegio, no puede ejercer su función disciplinaria, no puede contribuir al
enaltecimiento de la profesión, ni al mejoramiento de la doctrina, la
legislación, la jurisprudencia, pero sobre todo, no puede fijar posición
pública en relación con la crisis del sector del cual forma parte, so riesgo
de que sus representantes sean sancionados por desacato.
Sin embargo,
Lugo, ha hecho caso omiso a la limitación y ahora encabeza el enérgico
movimiento que se opone al traslado de la sede de los tribunales desde la
esquina de Pajaritos a la urbanización Lebrún, un suburbio donde la ciudad
pierde su decente nombre, con la salvedad que con esto último aludimos a su
depauperada infraestructura y de ninguna manera a la laboriosidad de su muy
digna comunidad de residentes.
Ni
protagonista ni participativa. Esta mudanza precipitada, porque las
autoridades prometen concretarla en el plazo de tres meses, desmiente las
promesas de participación y protagonismo contenidas en la Constitución. Se
adopta una resolución importante –presumimos que en este caso de buena fe -
pero sin precederla de la consulta con los afectados y lo que resulta más
grave, sin escuchar con carácter previo, las opiniones imparciales y más
calificadas que por fortuna, todavía se consiguen en Venezuela.
En el país
funciona, desde hace varios años, el IERU, Instituto de Estudios Regionales
y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar. Por si fuese poco, tenemos una
nutrida representación de especialistas de insospechable honestidad y
competencia, que maneja con solvencia los problemas de la capital: Oscar
Olinto Camacho, Marco Negrón, Omar Hernández, José Rafael Velásquez, Rosa
Chacón, Ramón Paolini, Pedro Sosa Franco, Belén Black. Damos por descontado
que cualquiera de éllos tendría mucha tela qué cortar en relación con esta
mudanza de la cual nos quejamos amargamente.
Lebrún, es un
sector cuyos servicios se encuentran saturados. Pero ahora se pretende
sobreutilizar sus insuficientes calles y modestas instalaciones, con una
carga viva de 5.000 personas, repartida entre los casi 700 funcionarios
judiciales y el cúmulo de particulares que a diario acude a los juzgados a
gestionar sus asuntos personales o profesionales. En los alrededores de la
edificación donde se proyecta la nueva operación, no existe espacio
suficiente para el estacionamiento y la única calle para entrar y salir de
los futuros tribunales, carece de aceras adecuadas o no las tiene en lo
absoluto, de modo que los obligados viandantes tendrán que sortear la
embestidas de los vehículos que ya circulan con dificultad por la barriada.
Decía un clásico del Derecho Procesal, que el de administrar justicia, es un
oficio que parece arrancado de la propia mano de los dioses. Pero no. Calle
por medio de la futura sede, no se encuentra erigido un templo a la diosa
Temis, ni un busto de Aranda, Sanojo, Feo, Borjas, Loreto o cualquier de
nuestros maestros, sino un hotel de “huéspedes sin maletas” -valga el
eufemismo, pero es que tampoco estamos para palabrotas. Así, que en lugar de
sus básicas demandas de majestad, se expondrá al ejercicio abogadil así como
a la de impartir justicia a las chacotas más procaces, a causa de semejante
falta de respeto.
¿Se les
consultó a los parroquianos de Lebrún el cambio de uso que representa la
mudanza? ¿Se escuchó a los abogados, a los jueces afectados por el traslado,
a la gente de escasos recursos, a las modestas madres que no tienen como
costear honorarios profesionales y por lo mismo, acuden en persona a
gestionar el pago de una pensión de alimentos o tutelas de similar
naturaleza?
Tal manera
de gerenciar fue el seguido en los casos del incendio de Parque Central, los
deslaves de Vargas y el más reciente de Paracotos. Sin embargo, damos por
descontado que esta oportunidad no se seguirá el patrón de desoír, las
advertencias de las comunidades, las opiniones técnicas más calificadas, ni
que el error que en nuestra modesta opinión constituye tal mudanza, obedezca
a un plan para degradar la justicia, al peor estilo del régimen cubano.
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