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Las carencias
en la materia, siempre han sido numerosas en Venezuela, pero ahora alcanzan
cotas de tragedia. Limitaciones de tiempo del lector y de espacio en esta
columna, nos constriñen a concentrarnos en los retrocesos más significativos
registrados en el último año.
El
ejercicio
libre de la abogacía es directamente proporcional a la vigencia efectiva del
derecho a la defensa inherente a todo ser humano. Tal tipo de ejercicio
profesional, a su vez, demanda el funcionamiento de colegios o barras de
abogados autónomas, que elijan de manera democrática sus autoridades sin
intrusiones gubernamentales.
Esas
exigencias han sido corroboradas por varios Tratados internacionales de los
cuales, Venezuela es signataria. Pese a ello, la Sala Constitucional del TSJ,
el 14 de febrero no solo anuló las elecciones del Colegio de Caracas, sino
que se arrogó la inexistente potestad de elegir sus directivos. Esa misma
Sala Constitucional, en concierto con el Consejo Nacional Electoral,
mantiene congelada la renovación de la directiva de la Federación de
Colegios de Abogados. En paralelo, se suprimió parte importante de los
ingresos de las mencionadas corporaciones gremiales mediante la reforma de
la ley de registros y notaría. Toda una política de Estado que apunta a la
aniquilación de las asociaciones de abogados, lo cual redunda como ha
quedado dicho, en la peligrosa mutilación de derechos inherentes a la
persona. En cuanto al ejercicio de nuestra profesión, propiamente dicho, el
último año registra el caso de una dirigente gremial, Mónica Fernández,
víctima del sicariato, aparte de ser cada vez más frecuente la apertura de
procesos penales contra defensores judiciales para inhibirlos en el
ejercicio vehemente de sus patrocinios.
Las plazas
del gobierno judicial están cubiertas, en su mayoría, por magistrados y
funcionarios afectos a la sedicente revolución. Pero, el estamento político,
lo que desea es sumisión absoluta. A mediados del año pasado un grupo de
parlamentarios afectos al oficialismo acusó, en globo o alzada, a los
integrantes del TSJ. No hubo continuidad en la instrucción y dictamen de los
graves señalamientos, menos aún, en su individualización. Algo que evidencia
que más que una cruzada de higienización del sector justicia, los diputados
buscaban aterrorizar e inhibir la posible capacidad de disenso de los
supuestos infractores.
Los
expedientes abiertos por el Consejo Moral, de dudosa moral, por cierto,
contra los magistrados Oberto Velez y Mármol de León, se inscriben en esta
arremetida. Salvo casos muy excepcionales, en ningún país a medias
civilizado, se puede encausar a un juez por los fundamentos de sus fallos.
Eso es, precisamente, lo que han hecho contra la magistrado Mármol. A Oberto,
por su parte, la misma instancia “moral” lo procesó por un caso de morosidad
judicial que de ser cierta, constituiría una conducta aislada en su dilatada
hoja de servicios.
La
seguridad ciudadana forma parte del sector justicia. También allí, se han
presentado retrocesos dramáticos. En el período analizado se promulgaron dos
leyes por vía de decretos del Presidente que quebrantan varias normas
atinentes al debido proceso. Nos referimos a las de Policía Nacional y la
popularmente calificada como “Ley Sapo”. Mientras se recurre a tales
artilugios para apuntalar la concentración de Poder en Miraflores, millares
mueren a manos del hampa y no existe política de Estado orientada a atacar
la injusticia social, que es donde está la raíz del flagelo.
Las
inhabilitaciones políticas por parte del Contralor General, la confiscación
de los equipos de RCTV y el bochornoso episodio del presidente Chávez,
consumiendo hoja o pasta de coca, engrosan este expediente de impunidad,
regresivo y entrópico.
Como ha
quedado escrito, poco que celebrar en el Día del Abogado
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