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Los “papeles”
datan de principios de los 80, pero desde que se supo de su existencia, la
República emitió un warning o advertencia internacional sobre la
falsedad. Sin embargo, un dictamen de diciembre de 2003 emitido por la
entonces Procuradora General de la República, otorgó validez a los
documentos cuestionados, por lo que ahora Venezuela enfrenta dos peligrosas
demandas, una en Ohio, Estados Unidos y en otra en Suiza, cuyas resultas
podrían acarrear condenas cercanas a los diez millardos de dólares, si se
incluyen capital, intereses moratorios de 20 años, costas, eventuales daños
y perjuicios, más la clonación de algunas notas promisorias.
Pese al
despliegue informativo –como lo hemos visto al comienzo- y pese a que
hablamos de una posible lesión al patrimonio público de magnitudes
colosales, ni la Contraloría, ni la Fiscalía han tomado la más leve
iniciativa para averiguar, qué ocurrió alrededor del mencionado dictamen. El
abogado Ramírez López opina que solo si se determina que este último se
emitió “para beneficiar a un tercero” en detrimento de la República, se
podría volver a discutir la falsedad de los pagarés y con ello, los
venezolanos relevarnos de las demandas. No sé si la “revolucion” está
inclinada a echarle tierra al asunto, con sus devastadoras consecuencias o a
investigarlo de veras.
Los papeles
de “Bandagro” habían dado mucho tema en los tribunales italianos. Pero sin
esperar el desenlace de un juicio que cursaba en Turín, la ex Procuradura,
procedió de manera precipitada –por decir lo menos- de modo que su opinión
supuesta a abogar por Venezuela, se revirtió en contra de su defendida.
Venezuela estaba informada.
Leemos en las tres sentencias dictadas en este caso por los tribunales de
Italia, entre otras, las siguientes menciones: 28/07/97: un señor Pavanelli,
fue denunciado ante la Guardia Financiera de Turín, por la falsedad de los
supuestos pagarés de Bandagro. Entre los meses de octubre del 97 y mayo del
98 Pavanelli se da a la fuga y le allanan sus oficinas. En las visitas
domiciliarias, se encuentra un lote de “promisory notes” sin
rellenar a cargo de “Bandagro”, lo que presupone que los documentos
iniciales, falsos, como hemos visto, fueron duplicados o clonados para
sucesivos fraudes. 5/11/89: conforme constancia que corre en esos autos,
nuestra Tesoría Nacional había advertido a las autoridades italianas tal
falsedad. 27/06/00, el Tribunal Ordinario de Turín, recibió otra
comunicación, esta vez de nuestro embajador en Italia en la que se ratifica
el intento de estafa contra Venezuela. 03/06/03: sentencian a Pavanelli por
falsedad, bancarrota, malversación, ejercicio abusivo de la inversión y lo
condenan a siete años de prisión. Seis meses después de esta condena,
nuestra ex Procuradora reconoció la documentación que había sido declarada
falsa por la justicia italiana.
A las pocas
semanas de haberse producido su controvertido dictamen, la entonces
Procuradora lo revoca. Pero los cesionarios de los pagarés, ahora alegan su
irrevocabilidad. Para debilitar más la posición de Venezuela, el dictamen
perdió la protección de confidencialidad que priva en toda comunicación
entre abogado y cliente porque de manera inédita, la entonces Procuradora
firmó su opinión ante un notario, de modo que su consejo jurírico dejó de
ser privado para convertirse asunto del dominio público.
Responsabilidad del Presidente.
A esta comedia
–o tragedia- de enredos, se agrega una muy costosa contratación (US $
19.000.000,oo anuales) de una abogada allegada al Presidente, por concepto
de asesoría o defensa de los intereses de la República en los juicios que se
ventilan en Estados Unidos y Suiza.
¿Está
registrada la referida abogada venezolana para ejercer en esos países? ¿Son
excesivos sus honorarios? Asuntos que podrían comprometer directamente, la
responsabilidad civil, administrativa, política y hasta penal, del señor
Chávez, porque la toma de servicios de abogados para actuar en el extranjero
por cuenta de la Nación, es, por ley, materia sujeta a la aprobación directa
del Presidente.
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