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La provocación judicial. Hace meses, apenas, el hoy
juez provisorio Mikael Moreno, actuó como abogado defensor de Richard
Peñalver, pistolero de Puente Llaguno. La legislación procesal penal
alude a los "motivos graves" ante los cuales todo operador de
justicia debe inhibirse de conocer determinadas causas. Pero no. Había
que exacerbar a la oposición, llevársela por delante. "¡Pa´que
sepan que hay gobierno!". Por lo mismo a Moreno, no le
tembló el pulso para decretar las detenciones de los presidentes de
Fedecámaras y de la CTV, adversarios notorios de su ex defendido y a
quienes por lo mismo no estaba, ni está en capacidad de juzgar con
imparcialidad.
El anterior no ha sido el único trapo rojo judicial
en lo que va de mes. Días atrás, apenas, los venezolanos presenciamos
con estupor, cómo el gobierno desacató un recurso de habeas corpus
a favor del general disidente, Alfonzo Martínez y todavía peor, cómo el
Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, convalidó el atropello al obligar al
militar a permanecer en las instalaciones de Fuerte Tiuna. "No tiene
carácter de imputado y tampoco está detenido ya que en su caso lo
que existe es una medida preventiva de aprehensión",
dictaminó el TSJ. Si no tiene el carácter de imputado ¿basado en
qué precepto se le cercena su libertad con el eufemismo que no está
detenido sino aprehendido?
Ni la paz hospitalaria. Mucho antes de los ya
centenarios tratados sobre regularización de la guerra, había un código
no escrito que substraía a hospitales y personal médico, como objetivo
de todo conflicto armado. De todo conflicto armado, menos los de la
"Revolución Bonita", cuyo prontuario ya contabiliza el intento
de linchamiento del alcalde Peña y de los médicos del "Jesús
Yerena" por las bandas comandadas por la diputada Iris Varela. Por si
quedasen dudas de lo que ya constituye una práctica reiterada, el martes
pasado, cuatro doctores del "Domingo Luciani" fueron heridos por
simpatizantes del gobierno - uno de los galenos fue apuñaleado por la
espalda- en el interior del citado recinto de salud. A la cabeza de la
sargentería de este atentado, actuó "el compañero
sentimental" de Lina Ron quien después del asesinato frustrado fue
dejado libre por las autoridades porque la señora Ron, en persona,
acudió al precinto policial a exigir que le "devolvieran su
macho".
Provocación a los medios. Días atrás un
entrevistador del "Wall Street Journal", me preguntaba si con
motivo de la llamada Ley de Contenidos, reaparecerá la legendaria figura
del censor previo.
Peor que eso. En una segunda instancia, quien
deambulará por los estudios de radio y televisión será el fantasma de
la autocensura, subproducto del razonable temor de los propietarios de
esos medios, a la revocación de sus concesiones. Pero en el plano más
inmediato, el objetivo es exacerbar a los factores de la oposición.
Transmitirle el mensaje que con la citada ley, sumada al control de
cambios con el cual se pretende poner de rodillas a la prensa escrita, se
cancela el último espacio que tenía la disidencia para resistir de
manera pacifica.
El "señor" y "los traidores".
Mientras tanto, según el léxico Presidencial, el sicario de la plaza
Altamira, es el "señor" Goveia y los tres jóvenes soldados
asesinados a mansalva en las instalaciones de la Disip eran unos
desertores que "traicionaron" su juramento militar "a
cambio de soborno".
Total, que en medio de este ambiente de
provocación, no faltará algún lunático que concluya que sólo mediante
el empleo de la violencia, podremos liberarnos del gobierno forajido de
Chávez. Eso es, precisamente, lo que este último propicia. Como sabe que
al primer sufragio sucumbe y que cada día le resulta más difícil velar
su catadura de totalitario, provoca, incita para que la disidencia, caiga
en el terreno poco firme de las vías de hecho. A Chávez lo sacaremos con
un patadón electoral, luego de las presiones internacionales y las
manifestaciones de calle. Además hablar de disparos luce como algo
desproporcionado. Ya está demostrado que es un hombre que no aguanta ni
el primer triqui-traqui.
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