|
Una
mayoría circunstancial de la Sala Electoral, porque uno de sus jueces
naturales fue recusado y para reemplazarlo se nombró otro ad-hoc, secuestró por seis meses el llamado derecho a la
participación. Todo para preparar el terreno para que esa misma Sala
Constitucional, que ahora cancela las salidas pacíficas a la presente
crisis, nombrase un árbitro
electoral a su imagen y semejanza.
LAST
BUT NOT LEAST. El más
reciente, pero no el último de la mayoría oficialista del Tribunal
Supremo, ha sido el arrebatón perpetrado en perjuicio de la competencia
natural de la Sala Electoral. Dos fallos (Cf.25/01/2001 y 04/04/2003) de
la misma Sala Constitucional habían dictaminado la improcedencia de los
avocamientos entre las distintas salas del TSJ, pues ese mecanismo
procesal opera sólo en relación con los juzgados inferiores.
Pero
es la clásica ley el embudo. Esa jurisprudencia, pacífica, consolidada,
buena para rechazar peticiones de grupos disidentes, resultó amarga y
estorbosa para el oficialismo, de modo que
revertida de manera impúdica, complaciente y acomodaticia, para
acceder a la pretensiones del llamado Comando Ayacucho, interesado en no
medirse a toda costa en revocatorio que sabe perdido. Si esto no es una
justicia hecha a la medida, que venga alguien y nos lo diga.
Dicho
sea de paso. Numerosos fallos de nuestro llamado Máximo Tribunal,
(Cf.22/06/2000, 13/06/2000 y
18/01/2002, entre otros) habían establecido la “extrema prudencia”
como piedra angular para el ejercicio de esa facultad excepcional, que a
través del avocamiento le limita a los ciudadanos la garantía de ser
juzgados por su juez natural.
Pero
al demonio con la doctrina según la cual el avocamiento no procede entre
las Salas de igual jerarquía, como al demonio, también, con el ejercicio
comedido de una potestad que envuelve la limitación de la ya citada
garantía constitucional.
La
presente crónica se escribe el mediodía del jueves 18 de marzo. Pero no
hay que hacer mayor gala de facultades premonitorias para saber lo que
vendrá en las próximas horas. La Sala Constitucional, incluso por vías
de hecho, porque para eso cuenta con el apoyo de los generalotes que
apuntalan al régimen totalitario, concretará el arrebatón judicial.
El
comisario político del TSJ, que proclamó a los cuatro vientos que estaba
prohibido equivocarse, se equivocará, él mismo. Convalidar la normativa
espuria por retroactiva, que ha sancionado el CNE, para obstruir el
revocatorio presidencial, y lo peor de todo, hará tesis doctoral con su
dislate. Porque a la hora de subir las acciones con el regulo de turno, lo
que para un hombre normal es un bochorno, para un chupamedias es asunto de
honor.
LAS
VUELTAS Y LOS CANGUROS. Días atrás, al gordo de la perilla, que
ha hecho de la delincuencia política un estilo, lo traicionó el
subconsciente.
“Le
buscaremos la vuelta” proclamó voz en cuello, en plena Asamblea
Nacional, cuando alguien le advirtió que alguna de sus proposiciones
violentaba expresos preceptos constitucionales.
En
realidad no hay nada nuevo bajo el sol en estas clase de jaquetonerías.
Tribunales canguros, se denominan en la doctrina universal las cortes o
fiscalías, parciales, de sentencias prefabricadas, en las que el debido
proceso y el derecho a la defensa son vistos como supercherías.
En
Venezuela, estas “vueltas” las busca y las consigue el oficialismo, en
los despachos de los jueces de la Sala Constitucional.
Lo
tiene escrito Voltaire: “Los pueblos a los que no se hace justicia, la
toman más pronto que tarde”. Alguien haría bien en recordárselo a
esos magistrados saltarines y marsupiales. Vaya a averiguar usted, lo que
meten en la marsupia a cambio de tantos brincos.
|
