Después de todo, en lo último en que
queremos caer es en lo que, precisamente, le criticamos a los altos
personeros del régimen. Nos referimos al fundamentalismo, a la intolerancia
voraz, al talibanismo, que denuesta al diferente, que le desdeña cualquier
mérito o que simplemente pretende relegarlo a la condición de comparsa.
En el ámbito
iberoamericano, según el estudio, Venezuela figura en el segundo lugar
–apenas tres centésimas por debajo de Brasil- en materia de implantación de
tecnologías de la información y la comunicación en la administración de
justicia.
Un avance significativo
que no vacilamos en saludar, en abonarle a la cuenta de quienes lo han hecho
posible, porque a más comunicación y a más información judicial, más
transparencia y esta última, en definitiva, es una aspiración de toda la
Venezuela decente.
Lo bueno. A nuestro gobierno judicial,
además, hay que reconocerle otros avances puntuales. El primero, está
relacionado con cierta autodepuración operada en el TSJ. Los lectores
recordarán el reciente procesamiento y destitución de uno de sus magistrados
a causa de manejos poco claros -por decir lo menos- en la compra y dotación
de varios inmuebles para las llamadas ciudades judiciales y antes, meses
atrás, apenas, se registró el relevo de otros dos de sus integrantes. Uno,
por falsear sus credenciales e incurrir en la repugnante práctica de
sentenciar un pleito en el que tenía interés directo y un tercero -a quien
se le buscó una salida, supuestamente honorable- por la opacidad en cierto
asunto relacionado con los llamados bingueros y casineros. El articulista
cree haber efectuado su modesto aporte en por lo menos dos, de las
mencionadas depuraciones.
La nueva jurisdicción
laboral, es otro logro. Una demostración, que cuando se le encomienda una
tarea a verdaderos especialistas –no al amigote o al compañero de partido,
por el solo hecho de serlo- se obtienen resultados alentadores. En este
caso, la implantación de un procedimiento ágil, moderno -todavía por
mejorar- pero que substrae a los trabajadores de unas reclamaciones que con
el viejo sistema, se convertían en interminables.
El aumento gradual en
el porcentaje en la titularidad de los jueces y la celebración de un
convenio de capacitación judicial con una universidad –el hecho que sea con
la Bolivariana, tampoco lo descalifica - cerrarían los avances más
significativos a los cuales nos referíamos al comienzo.
Pero al lado de estos
últimos, que reconocemos sin sufrir la dentera que produce el sectarismo,
ubicamos las rémoras siguientes:
Lo menos bueno. En el estudio de la
propia UOC, Venezuela figura en un lamentable 16º lugar en la subregión, en
número de jueces por cada 100.000 habitantes, lo mismo que en una
injustificable 13º posición en porcentaje de asignación de recursos, porque
los consabidos burócratas, en lugar de acatar el “situado judicial” previsto
en la Constitución de 1999, han encontrado el subterfugio de imputar el
dinero destinado a las policías, como si se tratase de la operación de los
tribunales.
La politización y subordinación con
respecto al Poder Ejecutivo (Linares Benzo, registraba hace poco el
insólito caso de una Sala del TSJ en la que el gobierno en no ha perdido
sino dos o tres casos en los últimos cinco años); su poca credibilidad y
eficiencia en el combate contra el delito denunciada, incluso, por el
ministro de Interior y Justicia;
la baja remuneración de jueces y funcionarios de instancia (menos de dos mil
dólares al mes en muchas situaciones) y su nula presencia en los sectores
más depauperados (0% de los residentes de barriadas consultadas, cree en la
llamada justicia formal como alternativa para la resolución de los
conflictos en sus comunidades, según medición de “El Imperio de la Ley”)
son, quizá, las deficiencias más dramáticas.
Ojalá que
algún día –con Revolución o sin Revolución- tuviésemos la satisfacción de
escribir sobre el avance en esos aspectos fundamentales. Es que pasa el
tiempo, se nos va la vida y hemos comenzado a creer que nunca vamos a tener
el Poder Judicial que soñamos.
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