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LA CELEBRACION de jornadas correspondientes al Día
del Abogado, a lo largo del mes pasado, constituyó una buena oportunidad
para reflexionar sobre la llamada juridificación de la política (JP).
Los norteamericanos la llaman activismo judicial.
"No existe cuestión política en Estados Unidos - escribía
Tocqueville - que no se resuelva tarde o temprano en el ámbito
judicial".
Ciertamente la intervención de los tribunales en
los asuntos que se relacionaban con la cosa pública, convierte a la
justicia en un lugar de exigibilidad de la democracia. En tal caso, al
menos en teoría, se ofrece a todo querellante la posibilidad de
interpelar a sus gobernantes, de exigirles la palabra empeñada, de
emplazarlos a una rendición de cuentas, muchas veces imposible por los
caminos convencionales de la política. La querella judicial de esta
forma, se percibe como una posibilidad más cercana, más individual, más
directa, que la representación política clásica, de segundo o de tercer
grado, ejercida por parlamentarios, dirigentes de partidos o por
organizaciones no gubernamentales.
Pero a ésta (JP) cabe hacerle algunas objeciones.
Aparte de sus elevados costos individuales, acaba por imponer una visión
penal a toda relación social - la política en el caso que nos ocupamos -
ahora descifrada desde la perspectiva binaria y reductora de la relación
víctima/agresor, culpable/inocente, bueno/malvado en la que se descartan
de antemano, los mecanismos de diálogo, persuasión de armonizar
propuestas dispares, de pacto de soluciones de consenso y de negociaciones
necesarias para una convivencia pacífica, pero sobre todo, para un
despacho, pronto y menos traumático de las urgencias que asfixian la
actividad burocrática.
TRASLADO DEL EPICENTRO POLITICO. ¿A qué se debe,
en todo caso, que en determinadas circunstancias el epicentro de
resolución de controversias políticas se desplace del Parlamento, del
Poder Ejecutivo y demás instancias más convencionales, para ubicarlas en
el plano tribunalicio?
Calamandrei entendía el proceso como la
manifestación de un conflicto individual, que amenazaba la cohesión del
vínculo social.
Pensadores como Bouretz, no obstante, miran la
sociedad democrática apoyada en una renuncia a la unidad, en una sorda
legitimación del enfrentamiento de sus miembros, en un abandono tácito
de la esperanza de unanimidad bajo cualquier forma.
Nada, pues, más natural que ante la amenaza de
reabsorción de la disidencia o de peligro de mutilación; de inoperancia
de los mecanismos democráticos tradicionales de negociación, diálogo y
de soluciones de consenso, los factores amenazados acudan al mecanismo
tribulanicio. Si de lo que se trata es de reafirmar la percepción de
individualidad propia, de hacer énfasis en la división, de insistir en
el cuestionamiento democrático y libertario del sentido de unidad social,
incompatible dentro de una sociedad plural, nada mejor que un buen pleito
judicial o muchos - y mientras con más estrépito mejor - donde al menos
quede constancia con vehemencia, de esa relación binaria, antagónica y
ratificadora de la identidad de cada persona o grupo de éstas.
REPRESENTATIVIDAD JUDICIAL. Quedaría ahora
preguntarse por la capacidad de respuesta de nuestro sistema judicial,
como depositario de este último reducto de fe democrática y como
expresión menos visible pero muy profunda, de esta modalidad
contemporánea de individualismo, a veces extremo.
Un debate muy intenso sobre la falta de
representatividad de nuestra magistratura agita en este momento a la
opinión pública. Es un hecho que los titulares del alto gobierno
judicial y del Ministerio Público, fueron electos dentro de un muy
cuestionable régimen de transitoriedad.
Dominique Turpin recuerda que lo característico de
un representante no es que se le haya elegido, sino "querer para la
nación" y en este sentido al juez que actualiza la voluntad general,
puede calificarse de representante.
Una mayor representatividad de nuestra autoridad
judicial, un "ruido de togas" legítimo, creíble, acorde con la
presente crisis, acabaría de una vez por todas, con el "ruido de
sables" que es todavía entre nosotros, un vergonzoso anacronismo.
Son éstos, los emplazamientos, poco convencionales,
si se quiere, que la Venezuela de ahora le formula a nuestro Tribunal
Supremo de Justicia. No atenderlos, abstenerse de resolverlos de manera
honesta, eficiente, pero sobre todo leal, sería traicionar la más
elemental confianza despositada en sus titulares.
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